Empresa

Ante las últimas noticias que advierten del incumplimiento de la Ley contra la Morosidad por parte de la Administración, la Plataforma señala que vigilará y actuará jurídicamente si es necesario para que se cumpla, puesto que es una norma aprobada por el poder legislativo, en vigor, y absolutamente necesaria para la supervivencia de las empresas.

La PMcM denuncia, además, el incumplimiento por parte del Gobierno de la creación de una línea de crédito directa a través del Instituto de Crédito Oficial (ICO), dirigida a las entidades locales para facilitar el pago de deudas a empresas y autónomos. La Plataforma considera muy preocupante que el presidente Zapatero, a preguntas del líder de la oposición, Mariano Rajoy, asegurara que no abrirá la línea ICO para financiar la morosidad de los ayuntamientos, aprobada como parte de la Ley contra la Morosidad. Según Zapatero, "el Gobierno está estudiando una fórmula para que (esta línea) no suponga incremento de déficit". "Si esa financiación no tiene una base sólida de devolución, Eurostat lo va a computar como déficit", y señaló que "desde luego, el Gobierno no va a aumentarlo". Ante estas declaraciones, la Plataforma exige a la Administración el cumplimiento estricto de las leyes aprobadas por el Parlamento.

Respecto a las declaraciones ante el canal de televisión TV3 que hizo hace unos días el Presidente de la Federación de Municipios de Cataluña y alcalde de Sabadell, Manuel Bustos, sobre el incumplimiento de la Ley de Morosidad por parte de los ayuntamientos, la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMcM), considera que debería retractarse de sus afirmaciones en las que afirmaba que los ayuntamientos "no pueden cumplir estrictamente" con la Ley contra la Morosidad aprobada por el Congreso el pasado mes de junio: "no podemos cumplir estrictamente lo que establece el acuerdo del Congreso de los Diputados de la ley de morosidad de los 30 días. No podemos cumplir con los plazos que nos gustaría y pedimos su comprensión, y sino, pues mire, pueden renunciar a trabajar para la Administración".

Además, en referencia a los proveedores de la Administración local, Bustos anunció que en ningún caso se podrán pagar los servicios prestados en los plazos que establece la nueva norma (55 días en 2010, 50 días en 2011 y 40 días en 2012, hasta alcanzar en 2013 los 30 días que establece obligatoriamente la ley), debido a la situación actual de las arcas municipales. Bustos, en clara alusión a los sectores afectados por los impagos de la Administración, les instó a renunciar a trabajar con las corporaciones locales: "yo quiero ser sincero y decir la verdad. Ya se lo he dicho a la vicepresidenta y al presidente del Gobierno: el Congreso y el Gobierno han quedado muy bien haciendo una ley que no se puede cumplir. Y lo tenemos que decir, porque es mejor que la sociedad sepa que hay leyes que no se pueden cumplir, que están muy bien porque el papel lo aguanta todo".

La PMcM interpreta esta medida como una burda justificación para retrasar los pagos, y pide prudencia y responsabilidad a Manuel Bustos puesto que, aunque se comprende la situación por la que están pasando los ayuntamientos, esto no les exime de cumplir la ley. La morosidad de las Administraciones Públicas ha empeorado en los últimos meses (de 147 a 159 días), pese a la entrada en vigor de esta nueva Ley, lo que pone en peligro la continuidad de miles de empresas y la ocupación que generan.

Desde la PMcM se insiste en que el cumplimiento de la nueva Ley 15/2010 de Medidas de Lucha contra la Morosidad es de vital importancia para la supervivencia del tejido empresarial español, y en especial para las pymes, que representan el 98% de las empresas.

Por otro lado, la Plataforma se congratula del acuerdo que han cerrado Parlamento y Congreso Europeo mediante el cual se limita a 30 días los plazos de pago tanto de las empresas como de las administraciones.

También recuerda, al más de 1 millón de empresas adheridas, que existen vías para hacer cumplir la ley de la morosidad en sus relaciones con las administraciones, (artículo 200 bis Ley 30/2007 de Contratos con la Administración), reclamando, en primer lugar, por escrito a la Administración el cumplimiento de la obligación de pago; si transcurrido un mes la Administración no hubiese respondido, se podrá presentar recurso contencioso-administrativo.

Además, se recuerda que las organizaciones empresariales pueden actuar judicialmente contra los morosos en nombre de las empresas.

La Plataforma Multisectorial contra la Morosidad es una agrupación nacional que engloba a más de un centenar de asociaciones sectoriales de toda España, en representación de más de 1,5 millones de empresas, que emplean a más de 4 millones de trabajadores y que suponen un volumen de negocio superior a los 150.000 millones de euros, un 15% del PIB español.