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El Ministerio de Economía ha incluido al final del articulado del proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2011 una disposición final de la Ley 15/2010 de Medidas de Lucha contra la Morosidad que volatizará uno de los puntos esenciales para que los ayuntamientos dejen de ser morosos.

La modificación de la Ley que pretende el Gobierno eliminaría la obligación de crear una línea ICO para la financiación urgente de las corporaciones locales, para que éstas puedan así liquidar sus deudas con proveedores, contraídas hasta el 30 de abril de 2010 y que ascienden a varios miles de millones de Euros.

La Plataforma Multisectorial contra la Morosidad se opone rotundamente a esta modificación y exige al Gobierno que cumpla la normativa aprobada el pasado mes de julio por el Congreso de los Diputados, en la que le instaba a abrir esta línea ICO en el plazo de 30 días. Este plazo ya ha vencido y nuestro Gobierno se encuentra, por tanto, en una situación de flagrante ilegalidad y que ha permitido con alevosía y nocturnidad.

Al igual que ha ocurrido con el Plan Extraordinario de Infraestructuras, que no computa a efectos de déficit y cuenta con el apoyo del ICO, es labor del Gobierno encontrar la vía para compatibilizar la nueva línea ICO con el cumplimiento de sus objetivos de déficit. No es admisible que dicho objetivo sirva como excusa para quebrantar una obligación legal. El paso a los proveedores de corporaciones locales resulta fundamental para miles de pymes, autónomos y sus familias de toda España.