La
Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMcM) ha iniciado el requerimiento de pago,
dentro de los nuevos plazos legales , a aquellas empresas y administraciones que están incumpliendo los mismos, y que se contemplan en la recién reformada Ley contra la morosidad, que establece un plazo máximo de pago de 30 días para la administración y de 60 días para el sector privado, que se computan desde la fecha de recepción de la mercancía o prestación del servicio, con independencia de la fecha de emisión o recepción de la factura. La aplicación de los plazos máximos de 30 y 60 días mencionados no es automática si no de forma gradual, a lo largo de un periodo transitorio hasta el 2013.
La puesta en marcha de estas acciones de requerimiento son consecuencia de las numerosas quejas y denuncias que está recibiendo la Plataforma de empresas que están sufriendo abusos por el incumplimiento de la Ley 15/2010, de Medidas de Lucha contra la Morosidad.
En un primer momento, la Plataforma está reclamando anónimamente mediante cartas a empresas y administraciones morosas que procedan a la inmediata aplicación de lo que dictamina la norma, es decir, que paguen a sus proveedores en los plazos establecidos. Pero la organización recuerda que la nueva ley otorga a entidades, asociaciones y corporaciones de empresarios, entre las cuales la Plataforma, la posibilidad de emprender las acciones judiciales pertinentes para cesar y retractarse de aquellas cláusulas que sean nulas por contravenir, tanto los plazos de pago, así como el tipo legal de interés de demora establecido en la ley.
Es por ello que la Plataforma recuerda a aquellas empresas que sufran los abusos de incumplimiento de esta ley por parte de sus clientes, que tienen la opción de comunicar estos abusos a su asociación empresarial o patronal, quien podrá canalizar requerimientos a las empresas y las administraciones incumplidoras.
La Plataforma señala que una de las causas que está llevando a este incumplimiento de los plazos de pagos por parte de las Administraciones es el incumplimiento del Gobierno de la creación de una línea especial en el ICO de financiación a ayuntamientos para que estos pudieran así liquidar sus deudas con proveedores, como establecía la Ley 15/2010. Atrapadas entre la dramática caída de ingresos por el fin del auge constructor y el aumento en los gastos por servicios y personal, las corporaciones locales han acumulado miles de millones en deudas con proveedores, que acaban por afectar a empresas pequeñas y medianas de la zona.
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