El Col·legi d’Aparelladors de Barcelona (CAATEEB) ha hecho público un manifiesto donde reclama "seguridad jurídica en la aplicación de la reserva obligatoria del 30% de vivienda social en las promociones de obra nueva que impulsa el Ayuntamiento de Barcelona". El CAATEEB pide también el máximo consenso en su aplicación, para evitar una judicialización de la promoción inmobiliaria "que podría comprometer la incipiente recuperación económica del sector e, incluso, paralizar la actividad constructora en Barcelona".
Los aparejadores barceloneses advierten que las medidas propuestas por el Ayuntamiento "pueden tener un efecto importante en el precio de la vivienda en su área de aplicación, puesto que cualquier nuevo costeo restricción en los ingresos de las ventas se trasladará inmediatamente al precio que pagará el comprador". El Col·legi considera que este hecho es de especial importancia en la rehabilitación, ya que el incremento de cargas puede frenar las escasas grandes rehabilitaciones que se hacen en Barcelona.
El Col·legi considera que la complejidad de la situación de la vivienda en Barcelona requiere de soluciones a medio y largo plazo, con una atención especial a las políticas de mantenimiento y conservación del patrimonio edificado, así como de la rehabilitación de las edificaciones y de la urbanización de la ciudad.
Para el CAATEEB, "es necesario buscar soluciones integrales, que tengan en cuenta los aspectos que van más allá de una simple imposición de un porcentaje a la iniciativa privada" y reclama que las administraciones asuman un compromiso, por el cual "la exigencia en los porcentajes de Vivienda de Protección Oficial (VPO) a promover por la iniciativa privada debería tener correlación con el número de viviendas promovidas por la iniciativa pública".
Dimensión metropolitana El Col·legi d’Aparelladors de Barcelona pide un diálogo entre todos los agentes que participan en el sector de la vivienda (Generalitat, ayuntamientos, colegios profesionales, promotores, cooperativas, consumidores, asociaciones de vecinos, plataformas de afectados, etc…) y que se alcancen acuerdos "que tengan un planteamiento territorial amplio, que incluya toda el Área Metropolitana y no únicamente la ciudad de Barcelona", a fin de evitar contrastes radicales en una geografía que a efectos de la vivienda es totalmente continua".
También considera conveniente una planificación en el tiempo, "de manera que los propietarios de suelo y los promotores conozcan con suficiente antelación las previsiones normativas que deben incluir en el suelo que adquieren". Las leyes vigentes de vivienda fijan un plazo de aplicación de la situación anterior de dos años, así como la previsión de diferentes alternativas para que el promotor pueda dialogar con el Ayuntamiento sobre cómo aplicar este porcentaje de VPO
Finalmente propone que la medida que impulsa el Ayuntamiento tenga una aplicación consecuente para cada zona de cada municipio, especialmente en Barcelona, "una ciudad compleja y donde se hace difícil pensar que se puedan aplicar normativas uniformes para realidades diferenciadas".
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