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El PSOE persiste en mutilar la Ley de Morosidad en el Senado, poniendo en peligro miles de empresas y empleos
El Grupo Socialista ha presentado una serie de enmiendas que recortan el texto de la Ley 3/2004 aprobado en el Congreso
La Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMCM) alerta contra la mutilación que puede sufrir el redactado de la Ley 3/2004 de Lucha contra la Morosidad en su versión aprobada en el Congreso el pasado mes de marzo. La presentación de diversas enmiendas por parte del Grupo Socialista amenaza con desvirtuar una reforma calificada como histórica por la Plataforma y todos sus miembros.
El Grupo Socialista pretende reintroducir el pacto entre partes en la fijación de los plazos de pago, excluyendo de ello sólo a las empresas de reducida dimensión según su definición del impuesto de sociedades, es decir las que facturan menos de ocho millones de €. La Plataforma considera totalmente inaceptable esta enmienda que devolvería en la práctica la Ley 3/2004 a su redactado anterior a la histórica reforma del mes de marzo.
El Grupo Socialista pretende evitar la aplicación de un plazo máximo de pago también en un sector tan vulnerable como los alimentos frescos, donde vuelve a proponer el pacto entre partes como norma básica, excepto en las empresas de reducida dimensión. Incluso en el ámbito público, donde el compromiso era alcanzar el pago en 30 días en 2013, el Grupo Socialista restringe su aplicación a la administración del Estado, dejando de lado las agencias, entes y empresas públicas.
La Plataforma esperaba de la tramitación en el Senado una mayor corrección de la Ley en aspectos como los intereses de demora o la indemnización por costes de cobro, que siguen abiertos. En su lugar se ha constatado la incoherencia del Grupo Socialista, que después de aprobar la modificación legal en el Congreso, presenta ahora unas enmiendas que mutilan y desvirtúan una Ley que apoyan el resto de grupos parlamentarios, y hasta sindicatos como CC.OO. Una vez más, pues, se pone de relieve la sumisión del PSOE a los intereses de la gran distribución y las grandes constructoras en detrimento del resto de empresas, y especialmente de las pymes y autónomos, quienes constituyen el verdadero tejido productivo del país y generan la inmensa mayoría de empleos.
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